No hay derecho a pensar libremente sin el derecho a ofender. Las ideas que divulgamos no son universalmente aceptadas incluyendo lo antes dicho. El expresar una idea  que podría  ser ofensiva  para algunos dentro de cualquier grupo humano es un hecho de alta probabilidad y a la vez una apuesta al sagrado  derecho a la palabra como vehículo del pensamiento por excelencia.

El derecho legítimo a la ofensa es el discurso mediante el cual la palabra con capacidad simbólica  puede  transmitir nuestras ideas que por lo general parten del conflicto entre el Ser y el estar en relación con los demás. Las ideas cobran sentido y valor social  en su virtud de disentir, de negarse a ser totalidad, de reivindicar su condición subjetiva y de ser  sobre todo libres.

El uso de la palabra siempre que esté atornillada a una idea y a un sujeto con intereses, parcialidades y preferencias   es un  acto  tan humano como el amor o el odio, donde   siempre habrá a quien no le agrade lo dicho por nosotros. Partimos del principio de que toda verdad ofende a quien no quiere escucharla y que toda mentira es refutable bajo los argumentos de la verdad. Incluso estoy tan convencido de lo que  les digo que al escribir este artículo no he tenido  la intención de que a todos les agrade, y que bueno que sea así.

El derecho a ofender es consustancial al  derecho a decir lo que se piensa cosa que al parecer cada vez se torna más precaria en la actualidad. En la Republica Dominicana venimos con un lastre histórico de disposiciones legales que limitan la capacidad de expresión. Ejemplos sobran como son los artículos 367,368, 369, 370 y 372 del  Código penal y la  Ley No. 6132 de Expresión y difusión del Pensamiento que tiene también tiene los suyos.

Ahora el absurdo histórico en vez de corregirse se erige en  un  blindaje más fuerte contra el libre pensamiento y el derecho a opinar,  la clase política dominicana  ha dado vida a un esperpento jurídico, una obra propia del Dr. Frankenstein que se ve reflejada  en el artículo 44 numeral 6 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que dice que  “La difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley No.53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología”. Quien ha visto una campaña política  donde los candidatos oponentes se lanzan flores y bombones entre sí? Es todo un entramado jurídico que busca la  criminalización de las ideas mediante una falsa retórica del respeto mutuo.

Si alguien en las redes dice algo negativo de un candidato habrá miles de simpatizantes con su idea  que le apoyaran en  lo dicho y otros miles de partidarios del ofendido que lo defenderán con una idea contraria oponiéndose a tales aseveraciones. Es así como ha funcionado la democracia siempre. Otra pregunta: que es “empañar una imagen”? Algo muy ambiguo y abierto,  difícil de determinar.

A que le temen los políticos dominicanos? La biología evolutiva y la neurofisiología  tienen la clave

La explicación de el por qué ocurre esto, las causas que han motivado a los políticos dominicanos a blindarse contra el escrutinio público y el legítimo derecho a la ofensa  nos la  ofrece la  biología evolutiva: nuestro cerebro tiene un mecanismo que opera a base de serotonina, cuanto más elevada nuestra posición en el grupo, tenemos emociones más positivas.

La serotonina es un neurotransmisor importante en la función del sistema nervioso central y del aparato gastrointestinal en no-vertebrados y vertebrados, el mismo ha sido fundamental para el desarrollo de jerarquías en las especies naturales incluyendo a la humana la cual ejerce una función  positiva de equilibrio y satisfacción  mental.

Sin embargo el exceso de serotonina ocasionada por el poder sin límites que ofrece un sistema de partidos decadente pero poderoso en una sociedad atrasada políticamente hace  que este mismo neurotransmisor que se encuentra con mayor abundancia en los lideres se vea alterado por el constante estimulo externo.  Esta alteración neurofisiológica es debido a la desproporcionada sumisión de los ciudadanos y ciudadanas  de un sistema político tradicionalmente  clientelar e inmaduro.

Veamos las bases científicas de nuestra afirmación. Coexiste una línea genética de continuidad entre las estructuras sociales de los animales y las de lo humanos. Un experimento realizado con Monos verdes por Michael McGuire, Michael Raleigh y Gary Brammer de la UCLA Medical School, sobre la relación entre estatus político y la serotonina ofrece algunas pistas. Ellos formularon la hipótesis que establecían una relación causal donde  el estado interno de un individuo era estimulado por circunstancias externas.

Separaron al Macho Alfa que tenía el poder del líder (político) de los demás miembros del clan, lo recluyeron  tan solo con un espejo en una única dirección en una jaula por varios días de tal modo que los miembros del clan no lo veían.

El mono hacía  frente al espejo sus manifestaciones de poder tocando sus pechos con sus extremidades superiores sin ningún efecto puesto que no podía  recibir las conductas de sumisión que un líder recibe de los dominados. En estas circunstancias, sus niveles de serotonina bajaron al nivel de los monos normales. En pocas palabras sin el estímulo de los subordinados se sintió menos poderoso y con un estado psicológico cercano a un miembro común del clan, es decir ya era uno entre sus iguales.

El poder actúa como una droga,  la serotonina es la clave, es muy difícil mantenerla en niveles aceptables mientras reciban estímulos de sumisión por parte de los ciudadanos que con su actitud dócil, pasiva y poco ofensiva dentro de una democracia representativa  mantengan a este neurotransmisor en cantidades  exageradamente altas en sus líderes.

La  clase política dominicana padece esta patología fruto de ese desbalance neuroquímico debido esos perniciosos estímulos externos que se ven en la necesidad de mantener ya no por la persuasión sino mecánicamente por la coerción  para poder preservarse.

Los ofendidos una nueva religión de  victimistas en busca de privilegios

Los ofendidos del siglo XXI son  esa nueva fauna de manipuladores que pretenden hegemonizar sus criterios de verdad en la sociedad, una práctica que  no solo es ha sido adoptada  por los Partidos políticos sino que además   se manifiestan en  hordas de colectivos de la sociedad civil, sindicatos,  gremios y  grupos de poder constituidos por organizaciones  sectarias de  gente que proclama su derecho a ser intocables y que reclaman para sí el monopolio del honor. Lo mismo que pasa con la Ley 33-18 ocurre con las leyes especiales y normas preferenciales  que muchos grupos reclaman para sí en busca de privilegios por encima de la sociedad.

Nuestro legítimo Derecho a ofender no es Calumniar lo  cual es una Imputación falsa hacia  una persona inocente, ni tampoco es difamación que es difundir  informaciones falsas que afectan el honor de otra persona,  y mucho menos la   Injuria que es publicación de un juicio de valor falso que atenta contra la reputación de alguien.

Para contrarrestar esto debe prevalecer el compromiso ético de la réplica y la rectificación como ejercicio de honestidad de quien comunica y busca emendar un error en caso de que lo hubiere. Y finalmente qué decir de las  muchas veces necesarias  “faltas de respeto” que en ciertos casos constituyen una alerta para la democracia sobre todo cuando estas se dirigen a alguien que  con sus actuaciones públicas ha demostrado que  le queda muy poco que reclamar.

Ojala nunca  perezca la libertad de ofender.

Por David Arias Rodríguez